JULIO GOMEZ CORREDOR 
TESORERO MADRID FORO EMPRESARIAL 

El Consejo de Ministros aprobó en enero una “declaración de emergencia climática” en la que se identifica la urgencia de actuar frente al calentamiento global. Este tipo de declaraciones, se han ido aprobando en distintas instituciones dentro y fuera de España desde hace aproximadamente un año. Reino Unido e Irlanda fueron los primeros países en hacerlo, y después se han ido sumando más Estados, regiones y urbes. Dentro de España lo han hecho ciudades como Madrid y Barcelona, diputaciones, gobiernos regionales y otras instituciones, como algunas universidades y corporaciones públicas.

El nuevo Gobierno ha anunciado una batería de reformas sobre la fiscalidad medioambiental que contribuirán a recaudar cerca de 6.000 millones de euros gracias a medidas fiscales en diversos impuestos como son el IRPF, Sociedades, IVA y también con la creación de nuevos impuestos y tasas medioambientales. Si bien es cierto que existe una situación climática por todos reconocida como muy preocupante, la mayor parte de los países de nuestro entorno han aplicado medidas drásticas para reducir la huella medioambiental, y así evitar los efectos del cambio climático, que España no ha adecuado convenientemente.

Ya Europa en el año 2018 nos dio un ultimátum a España por no aplicar medidas eficaces en la normativa contra la contaminación del aire. La Comisión Europea y la OCDE exigieron entonces al Gobierno planes que debía de cumplir para revertir esta situación. Bruselas pide introducir la fiscalidad ambiental como instrumento para incentivar la innovación tecnológica y mejorar la eficiencia energética.  En España los problemas no solo se centran en Madrid y Barcelona, con el dióxido de nitrógeno, es decir, con el tráfico.  Por ello, se plantea imponer un gravamen sobre la huella de CO2 que grave los hidrocarburos, la electricidad y las energías de forma que prime las menos contaminantes y eliminar subvenciones a los combustibles fósiles. De esta manera, el Gobierno estudia llevar a cabo una reforma fiscal del Impuesto de Tracción Mecánica y del Impuesto de Matriculación, todo ello encaminado a fomentar el coche eléctrico en contra de los vehículos de combustión. En este sentido, el Ejecutivo también tiene previsión de imponer una tasa a los billetes de avión con el objetivo de reducir las emisiones de gases nocivos procedentes del transporte aéreo que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, de seguir aumentarán hasta un 185% en los próximos años.

Pero no solo la circulación de vehículos es el elemento más importante, así el gobierno de coalición ha anunciado varios impuestos. El primero es a los plásticos en función de la biodegradabilidad que presente, que entrará en vigor 2021.El objetivo es la reducción del consumo del plástico para reducir los costes que implica la recogida y limpieza de los que se abandonan dañando el medio ambiente.

Actualmente, España se encuentra en el quinto país de la Unión Europea con el porcentaje más bajo de impuestos verdes sobre el PIB. Tanto es así, que en 2017 estos ingresos supusieron el 1,83% del PIB frente a una media del 2,4% en la UE.

Por último, y aunque no es un impuesto que directamente haya sido tratado por el gobierno, se trata sobre la polémica en los últimos años es la tasa turística o ecotasa. La ecotasa es un impuesto ecológico, y como tal, tiene diferentes áreas de aplicación, desde el reciclaje y consumo hasta el turismo.  Por otro lado, la tasa turística tiene como fin la protección del patrimonio y la promoción turística. Con los ingresos que genera la ecotasa se busca poner en marcha proyectos que van desde la rehabilitación de espacios turísticos hasta algunos de turismo sostenible. Al ser un impuesto, que afecta directamente al consumidor, que es el que asume el pago del mismo, el gobierno actual no entra de momento a regularlo de modo general, sin perjuicio de la regulación de algunas Comunidades Autónomas. Éste es uno de los puntos que más polémica genera, en un tiempo en el que vemos que el turismo está siendo muy afectado por los problemas sanitarios.